Hasta el 30 de noviembre no conoceremos qué tramos y servicios de trenes garantizará el Estado


El Acuerdo firmado hoy por el Consejo de Ministros y que fija las bases para la declaración de “servicio público” de líneas de transporte ferroviario de viajeros que se consideren de interés general por razones sociales, económicas y medioambientales deriva del derecho comunitario. En concreto, de la aplicación del Reglamento UE nº 1370/2007 de 23 de octubre.

La cuestión ahora estriba, como decíamos en un apunte anterior, en definir qué tipo de servicios deben considerarse de interés público en España. Al parecer, Fomento tendrá que presentar al Consejo de Ministros un informe con los servicios, tramos y frecuencias que considera deben ser garantizados. Y debe hacerlo antes del 30 de noviembre próximos. Ardua tarea la que le espera hasta entonces al ministerio de Fomento. Y polémica.

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